La protección de la vivienda en España ha transitado desde un enfoque de liberalización y seguridad jurídica durante el gobierno de Mariano Rajoy hasta una etapa de fuertes tensiones políticas y sociales marcada recientemente por el caso de Maricarmen y el rechazo parlamentario a medidas urgentes.
### Cronología y evolución política
Durante el mandato de **Mariano Rajoy (PP)**, la política de vivienda se centró en la gestión de la crisis inmobiliaria post-2008, priorizando la estabilidad del sector financiero y la seguridad jurídica de la propiedad. En este periodo se implementaron medidas para facilitar la salida de activos tóxicos a través de la creación de la **Sareb** (el "banco malo"), pero fueron criticadas por organizaciones sociales debido a la facilidad con la que los fondos de inversión ("fondos buitre") podían adquirir activos inmobiliarios y ejecutar desahucios.
Con la llegada del gobierno de coalición de **Pedro Sánchez (PSOE y Sumar/Unidas Podemos)**, el enfoque viró hacia la vivienda como un derecho social. Se impulsó la **Ley por el Derecho a la Vivienda**, que permitió por primera vez regular precios en "zonas tensionadas" y endurecer los requisitos para desahuciar a personas vulnerables. Sin embargo, esta transición ha estado marcada por una fuerte oposición del PP y Vox, así como por dificultades para alcanzar consensos con partidos independentistas como Junts.
### El caso de Maricarmen y el "Decreto Maricarmen"
El caso de **Maricarmen Abascal**, una mujer de 87 años con movilidad reducida que vivió 70 años en el mismo piso del barrio del Retiro en Madrid, se convirtió en el símbolo de la crisis habitacional en septiembre de 2026. Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre tras no poder afrontar la subida de alquiler exigida por la empresa propietaria, Urbagestión, a pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió paralizar el proceso.
Este evento desencadenó una ola de protestas sociales y una acampada en la Puerta del Sol, presionando al Gobierno para aprobar medidas urgentes. Como respuesta, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos ley (denominados mediáticamente "Decreto Maricarmen") para prohibir lanzamientos sin alternativa habitacional y estabilizar los alquileres.
### Los decretos rechazados y la votación en el Congreso
El 2 de octubre de 2026, el Congreso de los Diputados votó dos reales decretos ley que fueron **rechazados y derogados**, quedando así sin efecto.
**1. Primer Decreto (Medidas Generales - RDL 26/2026)**
* **Contenido:** Topes a la actualización de rentas (2%), moratoria de desahucios hasta 2030, regulación del alquiler de temporada y prohibición de compra especulativa por fondos buitre.
* **Resultado:** 172 votos a favor y 178 en contra.
* **Partidos que votaron en contra:** **PP, Vox, Junts y UPN**.
* **Partidos que votaron a favor:** PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís.
**2. Segundo Decreto (Prórrogas Automáticas - RDL 27/2026)**
* **Contenido:** Establecía la renovación automática sucesiva de los contratos de alquiler.
* **Resultado:** 166 votos a favor y 184 en contra.
* **Partidos que votaron en contra:** **PP, Vox, Junts, PNV y UPN**.
* **Partidos que votaron a favor:** PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís, BNG y CC.
La caída de estos decretos fue decisiva por el voto de **Junts per Catalunya**, que rechazó ambos textos argumentando que reducirían la oferta de vivienda y no frenarían realmente a los especuladores, y del **PNV**, que votó en contra del segundo decreto por falta de negociación previa con el Gobierno.
Resumen político
- Con Rajoy, la protección se centró sobre todo en moratorias hipotecarias para familias muy vulnerables.
- Entre 2019 y 2022 se ampliaron las garantías de los contratos y se aprobaron suspensiones temporales durante la pandemia.
- En 2023 se creó un sistema más amplio de protección procesal para inquilinos vulnerables.
- El caso Maricarmen mostró que esas garantías no siempre impiden el lanzamiento si no existe una alternativa habitacional considerada adecuada.
- En septiembre de 2026 el Gobierno intentó ampliar la protección hasta 2030 y establecer una mayor estabilidad del alquiler.
- PP, Vox, Junts y UPN votaron contra el primer decreto; el segundo fue rechazado por una mayoría más amplia, con el voto contrario también de PNV y Coalición Canaria según las informaciones publicadas.
- El resultado dejó sin efecto las nuevas medidas de emergencia y mantuvo abierto el debate sobre si la protección debe centrarse en ayudas temporales o en una regulación más permanente del alquiler y de los desahucios.
Desahucios en españa durante la crisis económica via wikipedia:
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